A partir de la sentencia C-936 de 2003[71], la Corte reconoce que el artículo 51 de la Carta Política si bien establece la existencia del derecho a la vivienda digna y fija algunos deberes estatales en relación con este, no comprende los elementos que permitieran caracterizar de forma completa su contenido[72]. Por tal razón, la Corte en la precitada decisión de constitucionalidad recurre al artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, precepto a partir del cual reconoce el derecho a una vivienda adecuada, cuyo contenido a su vez ha sido desarrollado por la Observación General 4 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales. Este último instrumento internacional se ha convertido en un referente interpretativo para dilucidar el contenido del derecho a la vivienda digna, pues describe siete condiciones que configuran el derecho a la vivienda adecuada, a saber: a) seguridad jurídica de la tenencia; b) disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura; c) gastos soportables; d) habitabilidad; e) asequibilidad; f) lugar y g) adecuación cultural.[73]

4.3 Conforme a lo expuesto, se comprende que el contenido y entendimiento del derecho a la vivienda digna no se agota únicamente con la posibilidad de adquirir un inmueble de habitación, sino que es necesario que se trate de un lugar adecuado para que las personas y sus familias puedan desarrollarse en condiciones de dignidad.

4.4 En relación con la disponibilidad de servicios e infraestructura se ha explicado en la precitada observación del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que la misma se refiere a elementos que son indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición. “Todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberían tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y a servicios de emergencia”

Transición energética y democracia energética

En la actualidad, la energía de fácil acceso proporciona el impulso al crecimiento económico, mientras que la energía limpia proporciona la salud y bienestar de las generaciones futuras. El papel del gobierno es diseñar, implementar y ejecutar políticas para, por una parte, asegurar que las naciones sean autosuficientes respecto a este recurso garantizando el suministro a largo plazo de energía económica y por otra, ejecutar un plan para la transición hacia formas limpias de energía como la hidroeléctrica, eólica y solar, que eventualmente reemplazarán el uso de combustibles fósiles en la generación de energía. Este último punto, es cada vez más urgente y relevante respecto a la gestión del calentamiento global.

Para el caso de nuestro país, el Ministerio de Minas y Energía anunció en enero de 2020 un plan de transición energética mediante el cual el uso de combustibles fósiles, que actualmente producen el 82% de la energía del país, será gradualmente reemplazado por formas renovables de energía en los próximos 30 años. Para 2050, el 55% de la energía colombiana será producida por la quema de combustibles fósiles (una reducción del 33% con respecto a los niveles actuales), mientras que el resto de la energía del país será producida por energías renovables como la hidroeléctrica, eólica y solar.

Como parte de esta transición, el gas natural desempeñará un papel importante en la sustitución del uso de carbón y productos derivados del petróleo. Actualmente, el gas natural genera el 8% de la energía colombiana, mientras que el carbón y los derivados del petróleo generan el 50%. Para 2050, el gas natural generará el 30% de la energía del país. Por lo tanto, la importancia de un suministro abundante y a largo plazo de gas natural económico es de suma importancia para el gobierno colombiano, relacionado con la consecución de este objetivo estratégico.

La soberanía energética a la que nos referimos, se aleja de la defensa de las fronteras y de intereses alineados con las élites, denuncia la cultura que promueve la delegación de las decisiones en una supuesta neutralidad de los expertos, su planificación tecnócrata y la toma de decisiones desde arriba. Se opone a la exclusión de los saberes tradicionales, la participación de la ciudadanía activa y la corresponsabilidad. Así, inspirada en la definición de soberanía alimentaria de La Vía Campesina, la soberanía energética podría definirse como el derecho de los individuos conscientes, las comunidades y los pueblos a tomar sus propias decisiones respecto a la generación, distribución y consumo de energía, de modo que estas sean apropiadas a las circunstancias ecológicas, sociales, económicas y culturales, siempre y cuando no afecten negativamente a terceros. Cada persona y cada pueblo tiene derecho a la cantidad y tipo de energía necesaria para sostenerse a sí mismo/a y a su grupo, y a los recursos necesarios para mantenerla, siempre y cuando no externalice impactos ambientales, sociales o económicos negativos, es decir, no genere anticooperación. De la misma manera, mientras que desde la soberanía estatal se hablaría de independencia y seguridad energética para referirse a la utilización de una cantidad indeterminada de recursos que se consideran necesarios para mantener un máximo la economía doméstica (satisfaciendo todo tipo de consumos sin atender a su naturaleza), para la soberanía de los pueblos la soberanía energética es que todas las personas tengan derecho al acceso a las energías en condiciones dignas y en cantidad suficiente y equitativa