La explotación de Cobre – Oro y Plata en el Sur de Córdoba agravaría la conflictividad socioambiental y de DDHH

Por Cristian Vargas

Investigador OCYDSOS CARIBE

20/09/2020

Aunque todavía no se cuenta con la licencia ambiental para la explotación de oro-cobre y plata en San Matías, Puerto libertador. Minerales de Córdoba la multinacional canadiense ya cuenta con los títulos mineros comprendidos para el Proyecto de un paquete de tierras de 20,000 hectáreas que se encuentran en etapa de exploración, según lo evidencian los registros públicos correspondientes. En tal sentido, la Compañía ha iniciado estudios técnicos de prefactibilidad minera y ambiental que permitan comprender el tipo de proyecto de explotación a que pueda haber lugar. Para ello, naturalmente la Compañía debe satisfacer los requisitos previstos por la ley dentro de los tiempos establecidos por ésta y por los respectivos contratos de concesión minera.

Entre tanto, dichos requisitos previstos por la ley para otorgar la licencia ambiental, deben agotar varias etapas que incluyen entre otras, la socialización del proyecto minero con las comunidades directamente afectadas en su área de influencia. cabe anotar que la licencia ambiental hace referencia a la autorización que se otorga para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables, al medio ambiente o introducir modificaciones o alteraciones al paisaje y a su ecosistema. Establece también los requisitos, obligaciones y condiciones que el beneficiario de la licencia ambiental en este caso Minerals Córdoba Corp debe cumplir para prevenir, mitigar, corregir y compensar los efectos ambientales del proyecto avalado. La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto. Así las cosas, la compañía está en la obligación de desarrollar la etapa de socialización lo que comúnmente se denomina ¨licencia social¨ para obtener la licencia ambiental. Las comunidades que tienen incidencia en el proyecto de San Matías han manifestado su preocupación en cuanto a la información pública   ofrecida por la compañía, al parecer no se estaría cumpliendo cabalmente con la garantía constitucional y legal de brindar espacios de diálogo permanente  y de socialización en las que ellas puedan expresar sus preocupaciones  pero al mismo tiempo sean vinculadas a todos los mecanismos de participación ciudadana establecidos para este tipo de actividades extractivas. En ese orden, existen en particular cuatro mecanismos establecidos:  Derecho a Intervenir en las actuaciones Administrativas Ambientales (Tercero interviniente), Derecho de Petición, Audiencia Pública Ambiental y Consulta Previa. Ante lo cual, lo que se conoce es que son pocos e improductivos los acercamientos que se han tenido con las comunidades por parte de la multinacional, esto ha  ocasionado un descontento generalizado en ellas y sobre todo,  podría generar un ambiente de  alteración del orden público  en un territorio gravemente afectado por la violencia, teniendo en cuenta que en él operan distintos actores armados que podrían desatar una ofensiva de desplazamientos contra los líderes y defensores del territorio al igual que contra las comunidades que no están a favor de la actividad minera por considerar que alterará  para siempre la vocación productiva  de su territorio y  municipio. Advertimos que, de no realizarse de manera transparente, con garantías plenas de seguridad, con acompañamiento del ministerio público un proceso de licenciamiento ambiental que pase por reconocer a los sujetos de derecho que hay en el territorio, esto podría desembocar en una grave y continuada situación de conflictividad socioambiental y de violación de derechos humanos en el sur del departamento de Córdoba.